lunes, 29 de agosto de 2011
martes, 9 de agosto de 2011
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) 2011
Con la presencia de 422 participantes de 16 estados de la república y 101 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas La Tierra Respira A.C. y el Frente Amplio Opositor (FAO) a las empresas New Gold y Minera San Xavier, ambas de san Luis Potosí, se llevo a cabo la 7ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) el pasado sábado 30 y domingo 31 de julio de este año en la comunidad de Salsipuedes, bienes comunales de Cacahuatepec del municipio de Acapulco en el estado de Guerrero.
La ANAA – 2011 se realizó en un contexto de crisis mundial en el que la transformación industrial de las sociedades rurales y urbanas se revela como un proceso cada vez más peligroso, tóxico y destructivo que mantiene un vínculo orgánico con el rescate de pérdidas empresariales e intereses financieros e industriales en vías de desvalorización económica. Dicho proceso transfiere violentamente buena parte de las pérdidas de capital, sobre todo de negocios gigantescos o de gran escala, a los sectores laboral y social en todo el mundo, convirtiéndolos en blanco de prácticas como el despojo de tierras, de agua y otros recursos naturales que son estratégicos tanto para grupos sociales como para los propios países.
Los Estados de los países más ricos imponen globalmente nuevos flujos económicos ligados a la llamada “economía verde”, fenómeno geopolítico mediante el cual se cuantifican y comercializan nuevas mercancías –antes impensables con esta denominación- como es el CO2, las especies animales y de la biodiversidad vegetal, las aguas de ríos y mares ó los climas y microclimas. Para ello se ponen a disposición del poder económico de las naciones los nuevos desarrollos tecnológicos de punta como la nanotecnología, la biología sintética y la geoingeniería entre otras, así mismo se utiliza una cada vez más automatizada industria militar y de espionaje.
En el contexto de México, la séptima edición de la ANAA se llevó a cabo tal como se acordó en su versión anterior en 2010, cuya sede fue el municipio de Magdalena Ocotlán en el estado de Oaxaca. Así mismo, la asamblea se realizó en un contexto de crisis nacional que se expresa en el incremento de las formas de violencia económica, política, social y cultural vinculadas al proceso de descomposición institucional del Estado mexicano. El país mantiene actualmente niveles insólitos de operación de la economía criminal (40% del PIB) y de la economía informal (15% del PIB), así como una escalada en los procesos de desregulación laboral y ambiental que repercuten en la destrucción del mercado y las cadenas industriales internos, la desestructuración de las soberanías ambiental y demográfica, el deterioro de la salud de la población, así como la vulneración de las condiciones socioambientales generales de la producción y la reproducción.
Ante tal circunstancia nacional de crisis y violencia estructurales, se profundizan los problemas de corrupción gubernamental, de sobreexplotación y despidos laborales, de desposesión de los recursos ambientales tanto en contextos rurales como urbanos, de violación de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, así como el uso y abuso de leyes, resoluciones legales, políticas públicas y recursos de represión del Estado contra la voluntad y expectativas de la población. En el horizonte inmediato, se sumarse a este panorama que el país se encuentra frente a la proximidad de unas elecciones federales nuevamente caracterizadas por una franca desconfianza de los ciudadanos, así como por una abierta manipulación mediática que en conjunto vuelven electoralmente funcionales la descomposición criminal de la sociedad, el terror de las ya incontables masacres cotidianas, la militarización de la vida pública y la desincentivación de la participación de la sociedad civil en un cambio urgente del modelo económico y político que permite la depredación y exterminio sistemático de los más pobres.
Desde la perspectiva de las problemáticas ambientales que enfrentamos los mexicanos y que son asumidas como el eje organizativo de la ANAA, la situación de crisis que vive el país se expresa en cambios ambientales como la contaminación de los ríos ocasionada por las industrias, la agricultura, la ganadería, la forestería y la pesca altamente quimicalizadas, se expresa también en los cambios generados por las dinámicas de urbanización salvaje, por la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos superficiales y profundos, por el dislocamiento de los procesos de recarga natural de las montañas y valles, así mismo, se pueden señalar las alteraciones al régimen de lluvias ligado al calentamiento global. Pero si el tema de la pérdida del agua muestra el elemento toral de la destrucción ambiental de México actualmente, el caso de la nueva minería a cielo abierto muestra a su vez la avanzada más agresiva de este proceso durante los últimos 10 años. Si la forma tradicional de la minería era ya de por sí contaminante, las tecnologías y métodos de la minería moderna envenenan y agotan las aguas de las regiones de explotación a un ritmo sin precedentes. Con la minería actual se han generado procesos inauditos de devastación de la biodiversidad, la orografía y la hidrogeología que generan descomunales cráteres abiertos de hasta 4 y 6 kilómetros de diámetro y de 3 y 4 kilómetros de profundidad.
En México más de 80 empresas canadienses operan más 26 mil concesiones de exploración y explotación minera, de los cuáles alrededor de 800 proyectos tienen la expectativa de trabajar por periodos de 50 o 100 años. En este contexto destacan las actividades destructivas de proyectos como el de New Gold-Minera San Xavier en el simbólico cerro de San Pedro en el estado de San Luis Potosí.
Pero los problemas ambientales van más allá. La apertura a la inversión extranjera de las inmensas reservas hidrocarburíferas en aguas profundas y someras, así como las reservas terrestres de zonas como Chicontepec, el sur de Veracruz o la región selvática de Chiapas, amplifica cuantitativa y cualitativamente todos los riesgos ambientales ya experimentados durante muchas décadas en México de la mano de Petróleos Mexicanos (Pemex). Pemex fue, durante sus mejores años, la principal y peor fuente de contaminación y destrucción ambiental de México ocasionando daños incuantificables en la riquísimas zonas de selva tropical, humedales, manglares y aguas someras en el Sur de Veracruz, Tabasco y Campeche. El desarrollo de la industria petrolera mexicana hizo crecer las actividades de transporte, almacenamiento, refinación y petroquímica, lo que convirtió a este complejo petrolero en una de las zonas de intoxicación y difusión de enfermedades degenerativas más graves del mundo. El desmantelamiento de Pemex catapultado por la destrucción de la industria mexicana por cuenta del libre comercio, ha generado además la aceleración del desbocamiento de la industria criminal que se sirve de la ordeña de las inmensas redes de ductos de crudo, gas, gasolinas y petroquímicos, así como del robo descarado de plataformas, esto sin soslayar el incremento de accidentes petroleros que generan fugas, derrames, explosiones y contaminación fuera de control como lo demuestran recientemente los casos en la ciudad de Tula y en San Martín Texmelucan, Puebla.
Otro de los problemas sintomáticos de la crisis ambiental del país lo encontramos en los ataques sistemáticos dirigidos al maíz mexicano, eje social, cultural y ambiental de todas las culturas mesoamericanas, de nuestra estratégica biodiversidad agrícola, de las actividades básicas de los pueblos indios, así como de todo su acervo culinario y medicinal tradicional. El maíz no sólo ha sufrido los embates del libre comercio a través de la destrucción de la soberanía alimentaria del país, sino que ha sufrido las consecuencias de los ataques biológicos que han afectado las más de tres mil variedades de maíz a través de la introducción de semillas transgénicas estadounidenses en los campos mexicanos. El horror de estos ataques biológicos se expresa en la protección de la producción y comercialización de semillas transgénicas por parte de empresas transnacionales en estados como Tlaxacala, Michoacán y Oaxaca, lo que ha derivado en el empleo de pesticidas y la afectación genética de poblaciones rurales que viven en las inmediaciones de las plantaciones transgénicas.
Por otra parte, el crecimiento urbano se ha convertido en otro complejo frente de guerra en contra de la vida campesina y de los pueblos y barrios que ven perder sus tierras, aguas, bosques, manglares, playas y aires en manos de las empresas urbanizadoras. La fase actual del neoliberalismo ha sido particularmente enfática en el fomento de la producción especulativa de vivienda sin responder a expectativas públicas de interés social y privilegiando iniciativas particulares de acaparamiento de tierra y construcción desenfrenada de viviendas e infraestructuras urbanas como carreteras, libramientos, distribuidores viales, basureros, organismos operadores de agua potable, plantas de tratamiento de agua residuales, malls, gasolineras, hoteles, estacionamientos, universidades privadas, casinos, antros, etc. Esta dinámica de urbanización salvaje se ha convertido en uno de los factores más importantes de privatización de servicios públicos, contaminación de cuerpos de agua, tierras y aires además de una producción insólita de basura y residuos peligrosos que en muchas ciudades mexicanas se encuentran fuera de control más allá de lo que dicen las leyes y normas en materia ambiental.
En los hechos, el panorama general de afectaciones ambientales que padecen las poblaciones rurales y urbanas en México puede parecer catastrofista pero está basado en hechos consumados y prácticas criminales establecidas que son atenuadas o disimuladas por los medios de comunicación. Las consecuencias perversas de la destrucción ambiental y de la salud son vistas por el libre comercio como una oportunidad para expander la “economía verde” cuyas mercancías promueven la venta de supuestos bienes desintoxicados, servicios ambientales, o el intercambio de los derechos a contaminar entre los que supuestamente conservan, mitigan o remedian.
Con base en lo anterior, la séptima edición de la ANAA se constituyó en un espacio de vital importancia para la discusión de focos rojos de afectación y sufrimiento social que no están siendo atendidos por el Estado. Durante dos días se dieron cita singulares frentes de dignidad social, resistencia, organización y lucha popular contra la corrupción de los gobiernos locales y federal, así como contra la prepotencia de las empresas que destruyen las condiciones de vida y ejercen su poder económico a través de distintas formas de despojo.
Entre los acuerdos más importantes que obtuvieron en la asamblea de afectados ambientales de 2011 se encuentran que la ANAA será incorporada al Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, que comenzarán en Octubre de 2011 y que, durante los próximos dos años, entablará un proceso para enjuiciar el Libre Comercio, la guerra sucia, la impunidad y reivindicar los derechos de los pueblos en siete audiencias temáticas que son violencia, impunidad y acceso a la justicia; feminicidios y violencia contra las mujeres; violencia contra los trabajadores; violencia contra los migrantes; destrucción ambiental; maíz y soberanía alimentaria; y medios de comunicación.
Así mismo, se acordó que la ANAA interpondrá una demanda contra el gobierno mexicano ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, que ocurrirá en septiembre de 2011 en Buenos Aires, Argentina, por la destrucción del sistema hídrico nacional. El documento que acompañará dicha demanda está integrado por más de 300 cuartillas en las que se detallan evidencias científicas y testimonios sociales que demuestran dicho atentado contra la población del país.
Otro de los acuerdos está relacionado con las demandas de atención puntual a los casos de afectación ambiental que suceden en torno a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota en Guerrero, las presas de El Zapotillo, en Jalisco, Paso de la Reina, en Oaxaca y las 112 mini-hidroeléctricas en el estado de Veracruz. De igual forma, se exige detener el proyecto de expansión de las criminales Granjas Carroll de México en el Valle de Perote, en los estados de Puebla y Veracruz, y el cese de las amenazas del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle a las comunidades afectadas, así como el respeto a la autonomía municipal en el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla. Se exige también la cancelación de las operaciones mineras en todo el país y el respeto a las demandas de las comunidades afectadas por empresas mineras trasnacionales, especialmente en Cerro de San Pedro, SLP, Alto Lucero, Veracruz, San José del Progreso, Santa María Zaniza y Calpulalpam, Oaxaca, Chicomuselo, Chiapas, Santa Gertrudis, Jalisco y Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se demanda la reubicación de la presa de Jales, propiedad de la empresa Arcelor Mittal que afecta la vida y las propiedades de los habitantes de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas Michoacán. Se exige el cierre inmediato y permanente de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde y la cancelación del programa nucleoeléctrico del país y se denuncia el riesgo de un accidente nuclear por la cercanía del proyecto minero Caballo Blanco a la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, que está ubicada a sólo 3 kilómetros del proyecto minero. Se exiges el respeto a la autodeterminación de la comunidad de Cherán, Michoacán y que el gobierno mexicano cumpla con su deber de brindarles la seguridad de que no serán atacados por la delincuencia organizada. Se demanda al gobierno mexicano la derogación de las leyes federales de bioseguridad, de semillas y de las leyes estatales de fomento y protección al maíz de Tlaxcala, Michoacán y en Oaxaca, que al igual que el proyecto de ley de consulta de los pueblos indígenas, simulan ser leyes de protección de derechos, cuando en realidad son nuevos instrumentos para minimizar la resistencia ante el despojo y definen el procedimiento de autorización para introducirlas, almacenarlas, distribuirlas y comercializarlas en su territorio, dando certeza jurídica y económica a la inversión de empresas semilleras y agroindustriales, transnacionales y nacionales. Finalmente, se rechaza en forma definitiva la siembra experimental, piloto, o comercial de cualquier tipo de maíz transgénico y exigimos su prohibición en México.
La ANAA estableció adicionalmente un Plan de acciones urgentes y de fortalecimiento de la asamblea que reconoce la necesidad de apoyo y solidaridad urgentes que requieren los casos Temacapulín, Jalisco, Cherán, Michoacán, La Nueva Palma, San Luis Potosí e Ixhuatlán del Sureste, Veracruz. Se ofreció el compromiso de apoyarlos en su lucha y de difundirla en todos los espacios en que intervenga nuestra Asamblea.
Así mismo, se propuso iniciar un proceso amplio de discusión, a lo largo de los próximos meses, para determinar una adición al nombre de la asamblea y así definir la octava edición en 2012 como la Asamblea Nacional de Afectados y Alternativas Ambientales.
Por último, se abrió el espacio para que las organizaciones e individuos que apoyaron la realización de la ANAA 2011 enviaran sus saludos y reconocimiento al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en su lucha por visibilizar a todas las víctimas de la guerra sucia del Estado Mexicano en contra del pueblo de México, así como a la familia Reyes Salazar de Ciudad Juárez para que sepan que los miembros de la asamblea apoyarán su búsqueda de justicia, su lucha contra la impunidad y su exigencia de protección de sus derechos y de la vida de sus familiares.
Dr. David Madrigal González, participante en la 7ª ANAA.
La Garita de Jalisco, ciudad de San Luis Potosí, agosto de 2011.
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