lunes, 29 de agosto de 2011
martes, 9 de agosto de 2011
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) 2011
Con la presencia de 422 participantes de 16 estados de la república y 101 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas La Tierra Respira A.C. y el Frente Amplio Opositor (FAO) a las empresas New Gold y Minera San Xavier, ambas de san Luis Potosí, se llevo a cabo la 7ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) el pasado sábado 30 y domingo 31 de julio de este año en la comunidad de Salsipuedes, bienes comunales de Cacahuatepec del municipio de Acapulco en el estado de Guerrero.
La ANAA – 2011 se realizó en un contexto de crisis mundial en el que la transformación industrial de las sociedades rurales y urbanas se revela como un proceso cada vez más peligroso, tóxico y destructivo que mantiene un vínculo orgánico con el rescate de pérdidas empresariales e intereses financieros e industriales en vías de desvalorización económica. Dicho proceso transfiere violentamente buena parte de las pérdidas de capital, sobre todo de negocios gigantescos o de gran escala, a los sectores laboral y social en todo el mundo, convirtiéndolos en blanco de prácticas como el despojo de tierras, de agua y otros recursos naturales que son estratégicos tanto para grupos sociales como para los propios países.
Los Estados de los países más ricos imponen globalmente nuevos flujos económicos ligados a la llamada “economía verde”, fenómeno geopolítico mediante el cual se cuantifican y comercializan nuevas mercancías –antes impensables con esta denominación- como es el CO2, las especies animales y de la biodiversidad vegetal, las aguas de ríos y mares ó los climas y microclimas. Para ello se ponen a disposición del poder económico de las naciones los nuevos desarrollos tecnológicos de punta como la nanotecnología, la biología sintética y la geoingeniería entre otras, así mismo se utiliza una cada vez más automatizada industria militar y de espionaje.
En el contexto de México, la séptima edición de la ANAA se llevó a cabo tal como se acordó en su versión anterior en 2010, cuya sede fue el municipio de Magdalena Ocotlán en el estado de Oaxaca. Así mismo, la asamblea se realizó en un contexto de crisis nacional que se expresa en el incremento de las formas de violencia económica, política, social y cultural vinculadas al proceso de descomposición institucional del Estado mexicano. El país mantiene actualmente niveles insólitos de operación de la economía criminal (40% del PIB) y de la economía informal (15% del PIB), así como una escalada en los procesos de desregulación laboral y ambiental que repercuten en la destrucción del mercado y las cadenas industriales internos, la desestructuración de las soberanías ambiental y demográfica, el deterioro de la salud de la población, así como la vulneración de las condiciones socioambientales generales de la producción y la reproducción.
Ante tal circunstancia nacional de crisis y violencia estructurales, se profundizan los problemas de corrupción gubernamental, de sobreexplotación y despidos laborales, de desposesión de los recursos ambientales tanto en contextos rurales como urbanos, de violación de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, así como el uso y abuso de leyes, resoluciones legales, políticas públicas y recursos de represión del Estado contra la voluntad y expectativas de la población. En el horizonte inmediato, se sumarse a este panorama que el país se encuentra frente a la proximidad de unas elecciones federales nuevamente caracterizadas por una franca desconfianza de los ciudadanos, así como por una abierta manipulación mediática que en conjunto vuelven electoralmente funcionales la descomposición criminal de la sociedad, el terror de las ya incontables masacres cotidianas, la militarización de la vida pública y la desincentivación de la participación de la sociedad civil en un cambio urgente del modelo económico y político que permite la depredación y exterminio sistemático de los más pobres.
Desde la perspectiva de las problemáticas ambientales que enfrentamos los mexicanos y que son asumidas como el eje organizativo de la ANAA, la situación de crisis que vive el país se expresa en cambios ambientales como la contaminación de los ríos ocasionada por las industrias, la agricultura, la ganadería, la forestería y la pesca altamente quimicalizadas, se expresa también en los cambios generados por las dinámicas de urbanización salvaje, por la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos superficiales y profundos, por el dislocamiento de los procesos de recarga natural de las montañas y valles, así mismo, se pueden señalar las alteraciones al régimen de lluvias ligado al calentamiento global. Pero si el tema de la pérdida del agua muestra el elemento toral de la destrucción ambiental de México actualmente, el caso de la nueva minería a cielo abierto muestra a su vez la avanzada más agresiva de este proceso durante los últimos 10 años. Si la forma tradicional de la minería era ya de por sí contaminante, las tecnologías y métodos de la minería moderna envenenan y agotan las aguas de las regiones de explotación a un ritmo sin precedentes. Con la minería actual se han generado procesos inauditos de devastación de la biodiversidad, la orografía y la hidrogeología que generan descomunales cráteres abiertos de hasta 4 y 6 kilómetros de diámetro y de 3 y 4 kilómetros de profundidad.
En México más de 80 empresas canadienses operan más 26 mil concesiones de exploración y explotación minera, de los cuáles alrededor de 800 proyectos tienen la expectativa de trabajar por periodos de 50 o 100 años. En este contexto destacan las actividades destructivas de proyectos como el de New Gold-Minera San Xavier en el simbólico cerro de San Pedro en el estado de San Luis Potosí.
Pero los problemas ambientales van más allá. La apertura a la inversión extranjera de las inmensas reservas hidrocarburíferas en aguas profundas y someras, así como las reservas terrestres de zonas como Chicontepec, el sur de Veracruz o la región selvática de Chiapas, amplifica cuantitativa y cualitativamente todos los riesgos ambientales ya experimentados durante muchas décadas en México de la mano de Petróleos Mexicanos (Pemex). Pemex fue, durante sus mejores años, la principal y peor fuente de contaminación y destrucción ambiental de México ocasionando daños incuantificables en la riquísimas zonas de selva tropical, humedales, manglares y aguas someras en el Sur de Veracruz, Tabasco y Campeche. El desarrollo de la industria petrolera mexicana hizo crecer las actividades de transporte, almacenamiento, refinación y petroquímica, lo que convirtió a este complejo petrolero en una de las zonas de intoxicación y difusión de enfermedades degenerativas más graves del mundo. El desmantelamiento de Pemex catapultado por la destrucción de la industria mexicana por cuenta del libre comercio, ha generado además la aceleración del desbocamiento de la industria criminal que se sirve de la ordeña de las inmensas redes de ductos de crudo, gas, gasolinas y petroquímicos, así como del robo descarado de plataformas, esto sin soslayar el incremento de accidentes petroleros que generan fugas, derrames, explosiones y contaminación fuera de control como lo demuestran recientemente los casos en la ciudad de Tula y en San Martín Texmelucan, Puebla.
Otro de los problemas sintomáticos de la crisis ambiental del país lo encontramos en los ataques sistemáticos dirigidos al maíz mexicano, eje social, cultural y ambiental de todas las culturas mesoamericanas, de nuestra estratégica biodiversidad agrícola, de las actividades básicas de los pueblos indios, así como de todo su acervo culinario y medicinal tradicional. El maíz no sólo ha sufrido los embates del libre comercio a través de la destrucción de la soberanía alimentaria del país, sino que ha sufrido las consecuencias de los ataques biológicos que han afectado las más de tres mil variedades de maíz a través de la introducción de semillas transgénicas estadounidenses en los campos mexicanos. El horror de estos ataques biológicos se expresa en la protección de la producción y comercialización de semillas transgénicas por parte de empresas transnacionales en estados como Tlaxacala, Michoacán y Oaxaca, lo que ha derivado en el empleo de pesticidas y la afectación genética de poblaciones rurales que viven en las inmediaciones de las plantaciones transgénicas.
Por otra parte, el crecimiento urbano se ha convertido en otro complejo frente de guerra en contra de la vida campesina y de los pueblos y barrios que ven perder sus tierras, aguas, bosques, manglares, playas y aires en manos de las empresas urbanizadoras. La fase actual del neoliberalismo ha sido particularmente enfática en el fomento de la producción especulativa de vivienda sin responder a expectativas públicas de interés social y privilegiando iniciativas particulares de acaparamiento de tierra y construcción desenfrenada de viviendas e infraestructuras urbanas como carreteras, libramientos, distribuidores viales, basureros, organismos operadores de agua potable, plantas de tratamiento de agua residuales, malls, gasolineras, hoteles, estacionamientos, universidades privadas, casinos, antros, etc. Esta dinámica de urbanización salvaje se ha convertido en uno de los factores más importantes de privatización de servicios públicos, contaminación de cuerpos de agua, tierras y aires además de una producción insólita de basura y residuos peligrosos que en muchas ciudades mexicanas se encuentran fuera de control más allá de lo que dicen las leyes y normas en materia ambiental.
En los hechos, el panorama general de afectaciones ambientales que padecen las poblaciones rurales y urbanas en México puede parecer catastrofista pero está basado en hechos consumados y prácticas criminales establecidas que son atenuadas o disimuladas por los medios de comunicación. Las consecuencias perversas de la destrucción ambiental y de la salud son vistas por el libre comercio como una oportunidad para expander la “economía verde” cuyas mercancías promueven la venta de supuestos bienes desintoxicados, servicios ambientales, o el intercambio de los derechos a contaminar entre los que supuestamente conservan, mitigan o remedian.
Con base en lo anterior, la séptima edición de la ANAA se constituyó en un espacio de vital importancia para la discusión de focos rojos de afectación y sufrimiento social que no están siendo atendidos por el Estado. Durante dos días se dieron cita singulares frentes de dignidad social, resistencia, organización y lucha popular contra la corrupción de los gobiernos locales y federal, así como contra la prepotencia de las empresas que destruyen las condiciones de vida y ejercen su poder económico a través de distintas formas de despojo.
Entre los acuerdos más importantes que obtuvieron en la asamblea de afectados ambientales de 2011 se encuentran que la ANAA será incorporada al Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, que comenzarán en Octubre de 2011 y que, durante los próximos dos años, entablará un proceso para enjuiciar el Libre Comercio, la guerra sucia, la impunidad y reivindicar los derechos de los pueblos en siete audiencias temáticas que son violencia, impunidad y acceso a la justicia; feminicidios y violencia contra las mujeres; violencia contra los trabajadores; violencia contra los migrantes; destrucción ambiental; maíz y soberanía alimentaria; y medios de comunicación.
Así mismo, se acordó que la ANAA interpondrá una demanda contra el gobierno mexicano ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, que ocurrirá en septiembre de 2011 en Buenos Aires, Argentina, por la destrucción del sistema hídrico nacional. El documento que acompañará dicha demanda está integrado por más de 300 cuartillas en las que se detallan evidencias científicas y testimonios sociales que demuestran dicho atentado contra la población del país.
Otro de los acuerdos está relacionado con las demandas de atención puntual a los casos de afectación ambiental que suceden en torno a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota en Guerrero, las presas de El Zapotillo, en Jalisco, Paso de la Reina, en Oaxaca y las 112 mini-hidroeléctricas en el estado de Veracruz. De igual forma, se exige detener el proyecto de expansión de las criminales Granjas Carroll de México en el Valle de Perote, en los estados de Puebla y Veracruz, y el cese de las amenazas del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle a las comunidades afectadas, así como el respeto a la autonomía municipal en el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla. Se exige también la cancelación de las operaciones mineras en todo el país y el respeto a las demandas de las comunidades afectadas por empresas mineras trasnacionales, especialmente en Cerro de San Pedro, SLP, Alto Lucero, Veracruz, San José del Progreso, Santa María Zaniza y Calpulalpam, Oaxaca, Chicomuselo, Chiapas, Santa Gertrudis, Jalisco y Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se demanda la reubicación de la presa de Jales, propiedad de la empresa Arcelor Mittal que afecta la vida y las propiedades de los habitantes de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas Michoacán. Se exige el cierre inmediato y permanente de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde y la cancelación del programa nucleoeléctrico del país y se denuncia el riesgo de un accidente nuclear por la cercanía del proyecto minero Caballo Blanco a la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, que está ubicada a sólo 3 kilómetros del proyecto minero. Se exiges el respeto a la autodeterminación de la comunidad de Cherán, Michoacán y que el gobierno mexicano cumpla con su deber de brindarles la seguridad de que no serán atacados por la delincuencia organizada. Se demanda al gobierno mexicano la derogación de las leyes federales de bioseguridad, de semillas y de las leyes estatales de fomento y protección al maíz de Tlaxcala, Michoacán y en Oaxaca, que al igual que el proyecto de ley de consulta de los pueblos indígenas, simulan ser leyes de protección de derechos, cuando en realidad son nuevos instrumentos para minimizar la resistencia ante el despojo y definen el procedimiento de autorización para introducirlas, almacenarlas, distribuirlas y comercializarlas en su territorio, dando certeza jurídica y económica a la inversión de empresas semilleras y agroindustriales, transnacionales y nacionales. Finalmente, se rechaza en forma definitiva la siembra experimental, piloto, o comercial de cualquier tipo de maíz transgénico y exigimos su prohibición en México.
La ANAA estableció adicionalmente un Plan de acciones urgentes y de fortalecimiento de la asamblea que reconoce la necesidad de apoyo y solidaridad urgentes que requieren los casos Temacapulín, Jalisco, Cherán, Michoacán, La Nueva Palma, San Luis Potosí e Ixhuatlán del Sureste, Veracruz. Se ofreció el compromiso de apoyarlos en su lucha y de difundirla en todos los espacios en que intervenga nuestra Asamblea.
Así mismo, se propuso iniciar un proceso amplio de discusión, a lo largo de los próximos meses, para determinar una adición al nombre de la asamblea y así definir la octava edición en 2012 como la Asamblea Nacional de Afectados y Alternativas Ambientales.
Por último, se abrió el espacio para que las organizaciones e individuos que apoyaron la realización de la ANAA 2011 enviaran sus saludos y reconocimiento al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en su lucha por visibilizar a todas las víctimas de la guerra sucia del Estado Mexicano en contra del pueblo de México, así como a la familia Reyes Salazar de Ciudad Juárez para que sepan que los miembros de la asamblea apoyarán su búsqueda de justicia, su lucha contra la impunidad y su exigencia de protección de sus derechos y de la vida de sus familiares.
Dr. David Madrigal González, participante en la 7ª ANAA.
La Garita de Jalisco, ciudad de San Luis Potosí, agosto de 2011.
miércoles, 27 de julio de 2011
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
La crisis económica, política, social y ambiental que sufre el país desde hace varios años está llegando a límites muy profundos en este 2011. En todo el territorio nacional, numerosas comunidades locales, organizaciones sociales y civiles han comenzado a unirse para denunciar la criminal guerra desatada por el gobierno federal (y muchos gobiernos estatales y municipales) contra la población, contra sus modos tradicionales de vida, contra su agricultura y sus condiciones elementales de subsistencia para apropiarse de lo que queda de la ya mermada riqueza nacional. Trátese de la violencia extrema de las bandas del crimen organizado, de la represión política u ocupación militar del Estado o del asalto privatizador de los territorios, los recursos naturales e infraestructuras producidas de la nación, México vive hoy una situación extrema de desgarramiento en la que cada uno de los proyectos de inversión (e intervención) extranjera o nacional en los espacios rurales y urbanos del país, más que representar una opción productiva se muestra, descarnadamente, como una fuerza destructiva que amenaza con arrasar nuestras fuentes de agua limpia, la fertilidad de nuestros suelos, la abundancia de nuestra biodiversidad silvestre y agrícola, nuestros bosques y nuestra salud.
Desde que nos reunimos como Asamblea, en septiembre de 2010 en la comunidad de Magdalena Ocotlán, en los valles centrales de Oaxaca (una de las muchas comunidades amenazadas por la criminal empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines), hasta la fecha, se han profundizado las agresiones y las amenazas contra muchas de las resistencias comunitarias que intentan frenar la descomposición y la destrucción socio-ambiental que representan los proyectos mineros, carreteros, de presas, de urbanización salvaje en ciudades medianas y grandes, de invasión de semillas transgénicas y por la contaminación y sobreexplotación de las aguas del país:
· En la ciudad de México surgen y continúan decenas de movimientos en los barrios de Iztapalapa, Azcapotzalco, Tlalpan, Tláhuac o la Magdalena Contreras para impedir el proceso de privatización de la ciudad, mientras que en el estado de México se reúnen los pueblos del oriente para denunciar el asalto a sus tierras de cultivo por las unidades habitacionales privadas, los centros comerciales y las tiendas de conveniencia y proponer el rescate ambiental de la zona lacustre.
· En Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, las comunidades campesinas reclaman la cancelación de los proyectos de construcción de grandes y pequeñas presas hidroeléctricas que no sólo les forzarán a emigrar, sino que amenazan con destruir grandes extensiones de bosques y tierras de cultivo que son su principal medio de producción y reproducción.
· En Baja California Sur, Colima, Jalisco, Chihuahua, San Luis Potosí, la montaña de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Durango, Sonora y Veracruz se vive el terror de la ingeniería de conflicto que acompaña a los proyectos canadienses, estadounidenses y mexicanos de extracción minera que operan gracias a la complicidad y corrupción del Estado, que autoriza sin fundamento sus mal llamadas “manifestaciones de impacto ambiental”, y se convierte en garante de los intereses de empresas trasnacionales que, además de saquear los territorios de los pueblos indígenas y campesinos, dejan tras de sí una cauda de muertes por enfermedad o por la violencia de sus grupos paramilitares.
· En Puebla, Morelos, el Estado de México, el Distrito Federal, Oaxaca, la región de las Huastecas, en San Luis Potosí y en la sierra Huichola de Jalisco las comunidades y pueblos de las orillas de las ciudades luchan contra los proyectos de construcción de carreteras privadas, libramientos, “supervías”, líneas del metro o rutas de metrobús que servirán sólo para vaciar de campesinos, indígenas y habitantes urbanos pobres los territorios y los barrios, con el fin de densificar todavía más las áreas urbanas ya insustentables y abrir paso a los grandes negocios de la especulación inmobiliaria, la construcción de hipermercados, gasolineras y tiendas de “conveniencia” que, además de incrementar la contaminación del aire y del suelo, destruir zonas de conservación e impedir la recarga de los acuíferos ya sobreexplotados, propiciarán la generación de mayores volúmenes de residuos que envenenarán a muchas más comunidades que ya han alzado la voz en estados como Morelos, Jalisco, México, Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Chihuahua y Sonora, contra los basureros a cielo abierto, los rellenos sanitarios y los confinamientos de residuos tóxicos que poco a poco los enferman y los envenenan genéticamente.
· En Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo, Colima, Michoacán, Veracruz y Guerrero, numerosas organizaciones, comunidades e individuos alertan sobre la destrucción de las costas, selvas, bosques, humedales, lagunas costeras, cenotes y sistemas fluviales subterráneos perpetrada por gigantescos megaproyectos turísticos y habitacionales, las bandas de talamontes o el emplazamiento de empresas gaseras y la expansión de los puertos que impiden la reproducción de los campesinos y pescadores, envenenando con sus residuos las playas, destruyendo la biodiversidad de los arrecifes, los bosques y los espacios productivos de las comunidades rurales.
· En las cuencas de los ríos Santiago (Jalisco), Atoyac-Zahuapan (Puebla y Tlaxcala), Lajas (Guanajuato), Lerma (Estado de México, Guanajuato y Michoacán), Apatlaco (Morelos), Balsas (Guerrero y Michoacán), Tula y Salado (Hidalgo), Papaloapan, Blanco y Coatzacoalcos (Veracruz) y en los valles de Perote, en Veracruz y de Ocotlán, en Puebla, las comunidades están luchando por su vida y su salud, destruida por décadas de negligencia oficial para limpiar los ríos de los vertimientos de residuos fecales de las ciudades y tóxicos de las industrias o de la sobreexplotación industrial de las aguas subterráneas para beneficio de empresas embotelladoras, automotrices, petroquímicas o agroindustriales que son arrojados en los ríos y las tierras de las comunidades sin ninguna regulación o control de parte de las autoridades ambientales locales o federales.
· La geografía del riesgo se extiende a todo el territorio nacional por las catástrofes derivadas de la explosión de ductos de petróleo en el centro del país (Puebla y Tlaxcala) o de empresas industriales no reguladas (Puebla y Veracruz), sin que el gobierno reconsidere su proyecto de ampliar las redes de gasoductos en el oriente del estado de México y Morelos, mientras que la mayor sequía en 70 años (vinculada con el calentamiento global que el gobierno mexicano simula combatir) ha provocado ya este año pérdidas de cosechas y ganado en Zacatecas, Durango, Coahuila y Sonora, así como la pérdida de 500 mil hectáreas de bosques y matorrales por los incendios forestales (sólo en Coahuila), a la vez que las inundaciones catastróficas se repiten año con año en Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y la región centro del país, agravadas por la negligencia de la Conagua y los gobiernos del Distrito Federal y el estado de México para solucionar su crónica incapacidad de operar los sistemas de drenaje residual y pluvial de la Zona Metropolitana de la ciudad de México.
· En todo el país, redes de comunidades y organizaciones indígenas, campesinas, civiles, urbanas y científicas han demostrado la amenaza que se cierne sobre México por la autorización que otorgó el gobierno federal a la siembra “experimental” de maíz transgénico en el norte del país (Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas), lo que constituye no sólo la invasión del capital trasnacional al campo mexicano, sino el riesgo de pérdida de la mayor contribución económica, agrícola y cultural que los pueblos indígenas mexicanos le han dado al mundo en su historia: el maíz.
Frente a todas estas agresiones —que deben ser integradas al expediente negro del neoliberalismo mexicano como consecuencia de 17 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio, junto con los más de 40 mil muertos y 10 mil desaparecidos de la guerra del régimen actual contra la población—, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales nos ha servido a muchos como espacio para fortalecernos en la comprensión integral de las múltiples crisis que vive el país, para mejor organizarnos en la defensa de nuestros derechos y nuestros territorios, así como para tejer alianzas con otras luchas sociales del país y del extranjero que activamente están buscando proponer alternativas reales a las “falsas soluciones” que promueve hoy el capitalismo global (como la geoingeniería, la nanotecnología, la biotecnología, la biología sintética, el programa REDD+), las cuales sólo sirven para simular que se enfrenta la crisis alimentaria e hídrica y el caos climático, mientras se mantienen intactos (e incluso se fortalecen) los privilegios y las ganancias extraordinarias de las empresas y Estados principalmente responsables de la crisis múltiple que hoy vivimos.
Por todo esto y porque necesitamos avanzar en nuestro proceso organizativo nacional para consolidar nuestro movimiento y las urgentes tareas que la grave situación del país nos presenta en el futuro inmediato, los miembros del Consejo de Representantes de la Asamblea, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) y la comunidad de Salsipuedes, Acapulco, Guerrero, convocamos a la
Séptima Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
que se realizará los días sábado 30 y domingo 31 de julio de 2011, en la comunidad de Salsipuedes, municipio de Acapulco, Guerrero, una de las numerosas comunidades pertenecientes al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).
Después de ocho intensos años de lucha contra este megaproyecto, las comunidades guerrerenses opositoras al proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota se han convertido en una de las más emblemáticas luchas ambientales populares de México y del mundo, porque han sabido definir una estrategia de lucha firme y pacífica para impedir el despojo de sus tierras, su desplazamiento forzado y los abusos y violaciones jurídicas de las autoridades estatales y federales. Sin embargo, a pesar de que el CECOP ha obtenido cinco veces un triunfo legal en los tribunales contra las asambleas ilegales promovidas y realizadas por la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno sigue negándose a decretar la cancelación definitiva del proyecto de construcción de la presa, lo cual mantiene bajo amenaza permanente de represión y conflicto a las comunidades afectadas.
En esta Séptima Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, convocamos a todas las luchas socio-ambientales del país a refrendar nuestro apoyo a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico La Parota y para exigir que se le ponga punto final, pero también, para informarnos colectivamente de la situación que cada uno vive en sus localidades y regiones, para conocer los avances de nuestra demanda colectiva contra el Estado mexicano ante el Tribunal Latinoamericano del Agua por la destrucción del sistema hídrico nacional y para iniciar el trabajo informativo y organizativo de la sesión México del Tribunal Permanente de los Pueblos, que dará comienzo en octubre de 2011.
Para poder tener una buena Asamblea —en términos organizativos—, les pedimos a todas las comunidades, organizaciones y redes que atiendan los siguientes puntos:
1) cuanto antes nos confirmen la asistencia de sus comunidades y organizaciones;
2) los representantes de luchas que participen por primera vez en la Asamblea, les pedimos que envíen, al correo de la Asamblea (afectadosambientales@yahoo.com.mx) un breve resumen de su caso, con el fin de programar su participación en la plenaria
3) que envíen a la Asamblea el número de participantes que asistirán y en qué medio de transporte llegarán;
4) con el fin de agilizar el registro de los participantes, les pedimos que hagan llegar al correo electrónico de la Asamblea (afectadosambientales@yahoo.com.mx) la lista con los nombres y afiliación o procedencia de los participantes, para poder preparar y tener listos sus gafetes al momento de su arribo. Todo esto es indispensable para poder hacer el cálculo de los requerimientos de alimentos y de los espacios de trabajo y alojamiento;
5) la Asamblea no cuenta con ningún tipo de financiamiento oficial ni de algún otro tipo, de manera que no es posible, dadas las enormes limitaciones económicas, apoyar con los gastos a ninguna organización. Todos dependemos de la solidaridad y el trabajo común para llevar a buen término este evento tan importante. Algunas organizaciones regionales en distintos estados están en proceso de cooperar entre sí para rentar autobuses y ahorrar colectivamente en los costos de transportación.
Debido a las limitaciones existentes en la comunidad de Salsipuedes, que con toda generosidad nos recibe, pedimos a todos los compañeros que asistan a la Asamblea que:
· Lleven, cada uno, su propio plato, vaso y cuchara y apoyar en las labores de limpieza del recinto donde se llevará a cabo la Asamblea.
· Lleven su propia cobija o bolsa de dormir, en virtud de que el alojamiento será en el mismo espacio donde se realizará la Asamblea, así como un impermeable porque es muy probable que llueva durante la realización de la Asamblea.
· En caso de contar con casa de campaña, se recomienda que la lleven consigo.
· Llevar repelente para moscos, papel sanitario y jabón para manos.
Con el fin de que todos podamos participar de una manera segura y fluida en la Asamblea, la comunidad de Salsipuedes informa a todos que debemos seguir, al pie de la letra, las siguientes normas de convivencia individual y colectiva:
· Está absolutamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias enervantes dentro de la sede y en los alrededores del lugar donde se llevará a cabo la 7ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Toda persona que sea sorprendida ingiriendo bebidas alcohólicas o enervantes en los espacios de la Asamblea será invitada a retirarse de la comunidad.
· Por cuestión de la seguridad colectiva, todos los delegados, observadores, miembros de la prensa y organizadores deberán portar consigo y a la vista, en todo el tiempo que dure la Asamblea, su gafete de identificación.
· Cada uno de los participantes en la Asamblea debe apoyar en el lavado de los utensilios de comida que se utilicen.
· La comunidad de Salsipuedes, además de la agresión del proyecto hidroeléctrico La Parota, sufre una grave crisis por acumulación de residuos sólidos (basura). Por ello, se pide a todos los asistentes a la Asamblea que, de ser posible, se abstengan de introducir al espacio de la Asamblea refrescos, agua embotellada o cualquier otro producto cuyo empaque termine en el basurero de la comunidad. En caso de que los asistentes deseen consumir este tipo de productos en el recinto de la Asamblea, se les pedirá que los conserven y se los lleven de vuelta a sus lugares de origen. Queremos hacer de esta Asamblea, un evento que no genere residuos para la comunidad que nos recibe.
Programa de trabajo
Viernes 29 de julio de 2011
Llegada de los representantes de las comunidades y organizaciones participantes en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales a la comunidad de Salsipuedes, Acapulco, Guerrero.
Sábado 30 de julio de 2011
| 08:00 – 09:30 | Desayuno |
| 09:30 – 10:30 | Inauguración de la 7ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, a cargo de representantes del CECOP y de las comunidades de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, Oaxaca (sede de la 6ª Asamblea Nacional) |
| 10:30 – 11:30 | Informe sobre la situación actual del conflicto por el proyecto hidroeléctrico La Parota (CECOP, Tlachinollan) y otros conflictos en el estado de Guerrero (Policía Comunitaria de la Montaña) |
| 11:30 – 12:00 | Informe de las actividades de la Asamblea y el Consejo de Representantes (septiembre de 2010 – junio de 2011), e iniciativas para el futuro inmediato: · Caravanas internacionales a Cancún y campamento contra la COP16 (diciembre de 2010) · Talleres de formación y página web (2010 y 2011) · Reunión con el Relator de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación (junio de 2011) · Foro “El agua en México”, Cuernavaca, Morelos (febrero de 2011) · Demanda ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (septiembre de 2011) · Audiencia Ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos (octubre de 2011 – diciembre de 2013) · Iniciativa de trabajo comunitario para reportar la integridad ecológica de los cuerpos de agua superficiales (ANAA-UCCS) (2012) Cumbre de Río + 20 (Brasil, 2012) y la economía verde |
| 12:00 – 13:00 | Demanda ante el TLA Audiencia Ambiental del TPP |
| 13:00 – 14:00 | Bienvenida y saludos de los representantes de luchas ambientales que participan por primera vez en la Asamblea |
| 14:00 – 16:00 | Comida |
| 16:00 – 20:00 | Mesas de trabajo 1) Agua 2) Minería 3) Energía y petróleo 4) Campo 5) Urbanización salvaje 6) Nuevas luchas |
| 20:00 – 22:00 | Cena y actividades culturales |
Domingo 31 de julio de 2011
| 08:00 – 09:30 | Desayuno |
| 09:30 – 11:00 | Lectura y aprobación de las relatorías de las mesas de trabajo |
| 11:00 – 12:30 | Lectura y aprobación del plan de acción propuesto por cada mesa de trabajo |
| 12:30 – 13:30 | Lectura y aprobación del pronunciamiento general de la 7ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales |
| 13:30 – 14:00 | Elección de la sede de la 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales |
| 14:00 – 14:30 | Clausura de la 7ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales |
| 14:30 – 16:00 | Comida |
| 16:00 | Salida de los participantes a sus lugares de origen |
Contacto e información adicional
Todas las preguntas y dudas sobre la organización de la 7ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales podrán ser dirigidas al correo electrónico de la Asamblea (afectadosambientales@yahoo.com.mx) o al teléfono celular 045 55 54 69 63 56.
Atentamente.
Consejo de Representantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP)
Comunidad de Salsipuedes, Acapulco, Guerrero.
Julio de 2011
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